El Gobierno aprueba un retroceso de 30 años
El supuesto de anomalía fetal se suprime
El Gobierno aprobó este viernes la ley del aborto más restrictiva de la democracia, a la que pondrá nombre Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas —un derecho que existe solo desde 2010— y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la Ley de 1985. Pero esos supuestos se reducen, y la posibilidad de la mujer de acogerse a ellos se restringe. Solo habrá dos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Serán, de nuevo, los médicos —con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo— los que decidirán si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada.
La nueva normativa se llamará Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, por ese orden; Gallardón aseguró que se ha hecho para proteger “a los más débiles: los concebidos y no nacidos”, pero “siempre en interés de la mujer” y respetando asimismo sus derechos. Según el ministro, la ley vigente, aprobada por el PSOE en 2010, vulnera el “equilibrio” en la protección de los derechos del feto y de la mujer que impuso el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, porque “desprotege” al nasciturus en las primeras 14 semanas de embarazo (en ese plazo se puede abortar sin alegar motivo). La Ley de 2010 está recurrida por el PP ante el Constitucional, pero este aún no ha dictaminado; Gallardón dijo que el Gobierno no necesita esperar a conocer esa sentencia porque está convencido de que esa ley es inconstitucional.
La autorización la firmarán
dos médicos ajenos a la clínica
que haga el aborto.